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jueves, 7 de abril de 2011

110: los últimos de la fila

España es el país con la menor velocidad máxima de toda Europa. Ni siquiera la Guardia Civil ha apoyado la medida “pro-ahorro”

El pasado 7 de marzo de 2011 entró en vigor la restricción de la velocidad en las autovías y autopistas de toda España; se reducirá la velocidad máxima de 120 a 110 kilómetros por hora. Según el Ministerio de Industria, este hecho provocará el consiguiente ahorro de 18 millones de barriles de petróleo al año, lo que se traduce en 1.400 millones de euros anuales en combustible según las cuotas actuales del valor del crudo.


El Gobierno, de la mano de Rubalcaba, ha expresado que habrá un ahorro para los coches de gasolina de hasta el 15% y en los de gasóleo de un sensible 11%; sin embargo, nadie sabe quién ha corroborado estos datos puesto que en muchos de los medios de comunicación económicos se ha informado de pruebas extraoficiales, pero válidas, en las que no sólo se demuestra que no se llega a ese sensible 11% de ahorro en los coches que utilizan gasóleo sino que ni siquiera se alcanza un ahorro del 3,5%, e incluso en algunos casos apenas llega al 1%. Para más inri, la RACC (Reial Automòbil Club de Catalunya) ha expresado su preocupación señalando que como mucho se alcanzarán entre 200 y 300 millones de euros de ahorro al año, y no 1.400 como ha señalado el Gobierno.

El Ministerio de Fomento desembolsará 250.000 euros para llevar a cabo el cambio de las 6.100 señales verticales y la adaptación de los 117 radares a la nueva medida, lo que quiere decir que la restricción no es gratis y los datos no son del todo fiables; incluso hay quienes afirman que es una medida recaudatoria puesto que dan por sentado que la reacción negativa de la población incurrirá en más multas que, quién sabe, podrían ser las que cubriesen esos 1.000 millones de euros de diferencia entre las estimaciones de Gobierno y RACC. Sólo hay que pararse a observar cómo ha aumentado el precio por las condiciones de cada multa: si se sorprende a alguien circulando entre 141 y 150 km/h, se le multará con 300 euros mientras que antes eran 100; si se sorprende a 171 km/h serán 500 euros, mientras que antes 400… Está claro que no son velocidades normales, pero la diferencia de los valores de las multas es grande. Por otro lado, mostrando las lagunas que ha dejado el Gobierno, el tema de los puntos sigue siendo igual que antes y no se ha modificado de ninguna manera. 

España debería darse cuenta de que esta no es una medida consistente y que, en el mejor de los casos, durará hasta el 30 de junio de este año; por ello, habría que sumarse al “Movimiento 140”, una plataforma creada con el fin de aumentar la velocidad máxima en autopistas y autovías con la colaboración ciudadana. Han conseguido 36.011 firmas contra esta medida y 193.340 para el aumento a 140 km/h, y ni con ello han conseguido su propósito. Expresan que con menos firmas se acabaron los toros en Cataluña, lo que representa claramente que el Gobierno está desesperado por encontrar una solución a los problemas que le asolan. Ni la Guardia Civil se muestra conforme con esta restricción, les parece una “tomadura de pelo” para “recaudar más”… Si incluso a ellos les parece que es una medida para recaudar más, España tiene que pensar lo mismo. Un ahorro de 0,25€ por cada 100 kilómetros no es nada significativo, es simplemente una quimera para tapar los despropósitos de los gobernantes españoles que, con sus ideas revolucionarias, nos han colocado a la cola de toda Europa.

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